Tras la muerte de tres personas más en los disturbios -y van 27-, el gobierno interino de Bolivia estará este miércoles bajo la lupa de la OEA, que discutirá en Washington una resolución apremiándole a convocar elecciones para superar la crisis que provocó la salida de Evo Morales.
En La Paz, la presidenta interina Jeanine Áñez convocó al Congreso para abordar los mecanismos para realizar nuevos comicios presidenciales y legislativos, aunque sin precisar la fecha. La bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales) ha anunciado que acudirá a la sesión.
Las discrepancias sobre la composición de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) son las que obstaculizan el nuevo llamado a las urnas, pero dos aliados de Áñez, el líder regional Luis Fernando Camacho y el rival de Morales en las elecciones, Carlos Mesa, la instaron a convocarlas por decreto presidencial.
Los choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que bloqueaban el acceso a una estratégica planta de hidrocarburos en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, dejaron tres nuevos muertos y unos 30 heridos, en el marco de las protestas que sacuden el país desde los comicios del 20 de octubre y que desembocaron en la dimisión de Morales.
La falta de gasolina ha virtualmente paralizado el transporte público, en un contexto de escasez que afecta también a los alimentos. En La Paz se formaron largas filas para conseguir comida.
El primer presidente indígena de la historia del país renunció el pasado 10 de noviembre tras casi 14 años en el poder, después de anular unas elecciones tachadas de fraudulentas por la Organización de Estados Americanos, y luego de tres semanas de presión popular y de perder el apoyo de policías y militares.
Ahora son los partidarios de Morales quienes denuncian un “golpe de Estado” y exigen la salida de la derechista Áñez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio cuenta el fin de semana de un total de 23 muertos en un mes de conflicto, a los que hay que sumar los tres del martes y el policía que murió el lunes tras una semana de agonía, con lo que la cifra de víctimas mortales asciende al menos a 27.
El ministro de Defensa del gobierno interino, Luis Fernando López, dijo que, aunque dos de las víctimas del martes murieron por balas, “de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo proyectil”.
Asilado en México desde hace una semana, Morales, que este miércoles ofrecerá una conferencia de prensa, atribuyó las muertes de los manifestantes del martes a “la dictadura” boliviana, “en una operación coordinada con EEUU”.
“La dictadura de Áñez, Camacho y Mesa ya ha provocado 30 muertes y decenas de heridos con represión de la Policía y FFAA”, tuiteó este miércoles, llamando a la CIDH y a la ONU a “frenar esta masacre de hermanos indígenas”.
La CIDH anunció que enviará este viernes una misión a Bolivia para “observar la situación de los derechos humanos”, luego de que Áñez promulgara un decreto que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden.
El organismo con sede en Washington calificó de “grave” esa decisión, que el gobierno se apresuró a defender negando que se tratara de “una licencia para matar”.
Agence France-Presse