Este viernes se dio a conocer el informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), liderado por Michelle Bachelet, que vino de misión al país en el contexto de las manifestaciones sociales.
La investigación, que se produjo entre el 30 de octubre hasta el 22 de noviembre, constató que “hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.
“Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, detalla el texto. “Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos”.
“En este contexto, la ACNUDH ha podido observar que ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”, añaden dentro de las conclusiones.
En cuanto al funcionamiento de Carabineros, se estableció que ha actuado de manera represiva, incumpliendo “de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”.
“Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”, apuntan.
Además, la oficina de la ONU consigna “razones fundadas” para establecer el uso desproporcionado y a veces innecesario de las escopetas antiditurbios y gases lacrimógenos utilizados a corta distancia. En esa línea, advierten sobre “el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo“.
Pese a las lesiones oculares, “las medidas adoptadas por parte de las autoridades no fueron eficaces, expeditas y oportunas para minimizar el riesgo para las personas”.
“La ACNUDH ha documentado cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado“, señalan. De los detenidos, un gran número fue maltratado, incluyendo casos de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían “desaparecidas”, lo que “equivalen a la tortura”.
Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente relacionadas con las detenciones. También se han documentado casos graves de violencia sexual contra hombres y adolescentes. Este último grupo, de adolescentes y jóvenes, “constituyen la mayoría de las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos”
En los puntos finales de las conclusiones del informe, se valora la labor del INDH y la Defensoría de la Niñez, pero ponen atención a la represalia que han sufrido.
Además, “preocupa a la ACNUDH el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”.
En la última conclusión, la número 17, “la ACNUDH reconoce al Gobierno de Chile su amplia cooperación,
incluyendo el diálogo franco mantenido, la extensa información recibida y el acceso irrestricto a todos los lugares que solicitó visitar”.