El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha sido notificado de dos acciones por la afectación de disparos de balines por parte de Carabineros durante protestas asociadas al estallido social.
Al organismo le corresponde saber esto, porque ambos casos corresponden a demandas en que se pide indemnización al Estado, y es rol del Consejo defender los recursos públicos.
Según consignó La Tercera, una de las causas se tramita en el Primer Juzgado de Letras de Arica, y también hay una querella. Trata de una mujer que acusa que el 28 de octubre su hija recibió un perdigón en la cabeza y terminó una herida en la frente, la que fue calificada como grave por el Servicio Médico Legal.
Por el caso se pide $250 millones de indemnización: $25 millones corresponden a los gastos médicos, psicológicos y psiquiátricos de la familia,, mientras que $225 millones por daño moral, consignó el diario.
El CDE contestó que que los demandantes son mayores de edad y que participaron de una protesta que “a todas luces” había dejado de ser pacífica “y por consiguiente, fuera de aquellas protegidas por la Constitución”.
El segundo caso se ve en el Tercer Juzgado Civil de Concepción, y se trata de una mujer que perdió 40% de la visión del ojo izquierdo producto de un balín. Ella pide $110 millones de indemnización: $80 millones para ella y $30 millones para su madre.
El caso refiere a cuando ella estaba en el centro de Concepción el 11 de noviembre de 2019 para grabar una manifestación y enviarla a un grupo de WhatsAPP de TVN Red Biobío, en donde colaboraba.